Sorprende que, 35 años después de los Acuerdos de Madrid (76), aún haya personas que desconozcan el estatus jurídico del Sahara Occidental. Aunque bien es cierto que los refinados (en ocasiones no tanto) mecanismos de propaganda política de España y Marruecos se han encargado de que gran parte de la población, tanto española, como marroqui, ignoren la verdadera naturaleza del problema.
Porque no se trata de si el Sahara tiene derecho o no a un proceso de autodeterminación (lo cual es obvio y se recoge en numerosos intrumentos del derecho internacional), sino de quién tiene derecho a liberarse.
La naturaleza de aquellos Acuerdos, firmados en Madrid en 1976, que traspasaban la administración del Sahara a Marruecos y Mauritania, es tan ilegal como cualquier violación "grave" del derecho internacional. De ahí que ni las Naciones Unidas, ni ningún estado hayan reconocido el valor jurídico de estos acuerdos y la "supuesta potestad", en virtud de los mismos, de Marruecos sobre el Sahara.
Por el contrario la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), proclamada por el Frente Polisario, ha sido reconocida por 81 estados.
Como es bien conocido, el principal escollo para la celebración de un referendum de autodeterminación (como lo establecía el Plan Baker, y malogrado por la inflexibilidad de Marruecos) es la confección de un padrón, que sea aceptado por ambas partes. Porque, al igual que ocurre en los territorios ocupados de Palestina, la estrategia marroqui ha consistido en poblar el Sahara con colonos. Entonces ¿quién tendría derecho a votar en un referendum?.
Pero, más allá de la problemática del referendum, el verdadero axioma de la cuestión reside, una vez más, en la dejadez e ineficacia de la comunidad internacional para hacer cumplir "las reglas del juego", y como no, en el siempre frágil equilibrio de poderes y mutuos chantajes entre unos y otros estados. Porque ¿quién se atreve a decirle a Marruecos que cumpla con el derecho internacional y los tratados firmados al amparo de Naciones Unidas?. Puede aplicarse aqui la máxima de "quién esté libre de pecado que tire la primera piedra". Y así ha ocurrido, que la población saharaui lleva más de 30 años esperando, en campos de refugiados, a que algun estado anteponga el derecho y la dignidad, a los intereses geoestratégicos.
Y si lo esperan del estado español (notese que no se dice población española), a la vista está que puede ir para largo. Si Zapatero (por no remontarnos más y por autodenominarse "socialista") calló vilmente (como el resto de estados europeos) ante las vergonzosas expulsiones del vecino galo de los gitanos rumanos (por poner un ejemplo) ¿que les cabe esperar a los hermanos saharauis?.
Impotentes y furiosos asistimos, como espectadores pasivos a la terrible oleada de violencia y represión que ha puesto en marcha el aparato político-militar marroqui, pero, por desgracia, poco nos sorprende y menos nos extraña.
Anteponer los intereses de España debería significar cumplir con las obligaciones contraidas en virtud del derecho internacional. Promover, proteger y garantizar los derechos humanos de la población, también de aquella en "territorios no autónomos", useáse, de la saharaui; En opinión del Asesor Jurídico de las Naciones Unidas: "los Acuerdos de Madrid no transfirieron la soberanía sobre el Territorio, ni confirieron, a ninguno de los signatarios, la condición de potencias administradoras. Condición que, España por si sola, no podía haber transferido unilateralmente".
Pero, no esperemos mucho de unos líderes que nos averguenzan cada día.
Porque no se trata de si el Sahara tiene derecho o no a un proceso de autodeterminación (lo cual es obvio y se recoge en numerosos intrumentos del derecho internacional), sino de quién tiene derecho a liberarse.
La naturaleza de aquellos Acuerdos, firmados en Madrid en 1976, que traspasaban la administración del Sahara a Marruecos y Mauritania, es tan ilegal como cualquier violación "grave" del derecho internacional. De ahí que ni las Naciones Unidas, ni ningún estado hayan reconocido el valor jurídico de estos acuerdos y la "supuesta potestad", en virtud de los mismos, de Marruecos sobre el Sahara.
Por el contrario la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), proclamada por el Frente Polisario, ha sido reconocida por 81 estados.
Como es bien conocido, el principal escollo para la celebración de un referendum de autodeterminación (como lo establecía el Plan Baker, y malogrado por la inflexibilidad de Marruecos) es la confección de un padrón, que sea aceptado por ambas partes. Porque, al igual que ocurre en los territorios ocupados de Palestina, la estrategia marroqui ha consistido en poblar el Sahara con colonos. Entonces ¿quién tendría derecho a votar en un referendum?.
Pero, más allá de la problemática del referendum, el verdadero axioma de la cuestión reside, una vez más, en la dejadez e ineficacia de la comunidad internacional para hacer cumplir "las reglas del juego", y como no, en el siempre frágil equilibrio de poderes y mutuos chantajes entre unos y otros estados. Porque ¿quién se atreve a decirle a Marruecos que cumpla con el derecho internacional y los tratados firmados al amparo de Naciones Unidas?. Puede aplicarse aqui la máxima de "quién esté libre de pecado que tire la primera piedra". Y así ha ocurrido, que la población saharaui lleva más de 30 años esperando, en campos de refugiados, a que algun estado anteponga el derecho y la dignidad, a los intereses geoestratégicos.
Y si lo esperan del estado español (notese que no se dice población española), a la vista está que puede ir para largo. Si Zapatero (por no remontarnos más y por autodenominarse "socialista") calló vilmente (como el resto de estados europeos) ante las vergonzosas expulsiones del vecino galo de los gitanos rumanos (por poner un ejemplo) ¿que les cabe esperar a los hermanos saharauis?.
Impotentes y furiosos asistimos, como espectadores pasivos a la terrible oleada de violencia y represión que ha puesto en marcha el aparato político-militar marroqui, pero, por desgracia, poco nos sorprende y menos nos extraña.
Anteponer los intereses de España debería significar cumplir con las obligaciones contraidas en virtud del derecho internacional. Promover, proteger y garantizar los derechos humanos de la población, también de aquella en "territorios no autónomos", useáse, de la saharaui; En opinión del Asesor Jurídico de las Naciones Unidas: "los Acuerdos de Madrid no transfirieron la soberanía sobre el Territorio, ni confirieron, a ninguno de los signatarios, la condición de potencias administradoras. Condición que, España por si sola, no podía haber transferido unilateralmente".
Pero, no esperemos mucho de unos líderes que nos averguenzan cada día.
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