Cientos de organizaciones de España y Europa se adhieren al comunicado de la Plataforma de Justicia por Colombia.
2 de junio de 2011 En contraste con la administración anterior, el nuevo gobierno inició su mandato con un discurso más abierto frente a la situación de derechos humanos en el país, y disminuyó las expresiones públicas de estigmatización hacia la oposición en general y las organizaciones defensoras de derechos humanos en particular. A esta nueva estrategia se la ha denominado el “desarme de la palabra”.
Sin embargo, estos cambios en el discurso público del gobierno no se han traducido hasta el momento ni en una mejor situación de derechos humanos ni una disminución de los altos índices de impunidad frente a las violaciones ya ocurridas. Por el contrario, después de 300 días de gobierno, la situación de los derechos humanos en Colombia sigue siendo muy grave y preocupante, tal como afirman organismos como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos en Colombia (OACNUDH) o Amnistía Internacional.
Para respaldar esta afirmación, se resumen a continuación algunas de las violaciones más graves a los derechos humanos cometidas desde el 7 de agosto 2010, día en que el presidente Juan Manuel Santos tomó posesión del cargo.
· Desde julio de 2010 hasta abril de 2011 se han registrado 206 agresiones individuales contra defensores y defensoras, de los cuales 34 han sido asesinatos. En el mismo periodo, 127 organizaciones sociales o de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo la vida e integridad de sus miembros y obstaculizó la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos.
· En cuanto al proceso de restitución de tierras, durante este periodo han sido asesinados 15 líderes que estaban reclamando sus derechos en poblaciones de Norte de Santander, Antioquia, Valle, Cauca, Nariño, Arauca y Tolima. Ante estos hechos cabe preguntarse cómo será posible aplicar la futura ley de víctimas y restitución de tierras cuando no se puede garantizar la vida de las personas que retornan a sus tierras.
· El drama del desplazamiento forzado en Colombia alcanza cifras exorbitantes independientemente de la fuente que se utilice (desde 3.486.305 a 4.915.579 personas en situación de desplazamiento forzado). Y esta lacra continúa, sólo en el primer trimestre del año se han registrado en Acción Social 36.000 personas como víctimas del desplazamiento forzado y para más tragedia hay que considerar el alto grado de subregistro que ya dictaminó la Corte Constitucional.
· La situación de las víctimas de desaparición forzada es tan grave que ni siquiera a día de hoy se tiene una cifra unificada sobre el alcance real de este crimen. Hasta la fecha, figuran más de 57.200 personas desaparecidas en el Registro Nacional de Desaparecidos, mientras que la Fiscalía conocería más de 26.500 casos de presuntas desapariciones forzadas. De estos casos, 1.130 se produjeron en los últimos 3 años, es decir, un caso cada día. Además, según la OACNUDH, no ha habido progresos en la aplicación de las recomendaciones de Naciones Unidas por parte del Ministerio de Defensa y del Ejército para identificar a las personas desaparecidas y colaborar con la justicia.
· Las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública no han cesado durante este periodo del nuevo gobierno y se han documentado 29 nuevos casos. En cuanto a la investigación de éstos, es preocupante el retroceso significativo en 2010 de la colaboración de la Justicia Penal Militar con la justicia ordinaria en el traslado de casos de “muertos en combate” con signos de violaciones de los derechos humanos.
· A pesar de las presiones internacionales para erradicar la violencia sindical, en medio de las negociaciones de los TLC, y las continuas recomendaciones de instituciones internacionales como OIT y PNUD, el panorama en el país continúa siendo crítico. Desde la posesión de Santos hasta el mes de mayo del 2011 han sido 24 asesinatos contra sindicalistas y se han producido 233 agresiones de las cuales 32 han sido contra mujeres. Durante el 2010 el 30% de las víctimas de homicidio fueron dirigentes sindicales, y en una tercera parte de éstos se trata de casos en los que los presuntos responsables son grupos paramilitares. Finalmente en ese mismo año se registraron al menos 177 violaciones a la vida, la libertad e integridad de las mujeres sindicalistas, esto es, una tercera parte de la violencia total. La CUT interpreta este incremento en las agresiones a sindicalistas como un grave síntoma de reorganización de los grupos paramilitares y su resurgimiento, en la figura de las llamadas bandas criminales. No podemos olvidar que Colombia ha padecido la más grave violencia antisindical que ocurre en el mundo entero; desde 1986 hasta nuestros días 2861 sindicalistas han sido asesinados, se han cometido más de 11000 hechos de violencia contra sindicalistas y con una impunidad de cerca del 90% situación que ha contribuido a que el país viva una situación laboral y sindical extremadamente grave.
· La violencia contra las mujeres sigue siendo un tema secundario en las políticas públicas del país con unos índices de impunidad inaceptables. Según la primera encuesta de prevalencia de la violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia, durante los años 2001-2009, 489.687 mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual. Uno de los casos más dramáticos de violencia sexual ocurrió en Arauca en octubre 2010 cuando se atribuyó a un miembro del Ejército la violación de 2 niñas y posterior asesinato de una de ellas junto a sus hermanos. Ni el Ejército ni la Fiscalía reaccionaron inmediatamente ante las denuncias, lo que pone de manifiesto no sólo la negligente conducta sino fallas estructurales en las dos instituciones. La jueza que llevaba el caso fue asesinada el pasado mes de marzo.
· El gobierno sigue sin cumplir con su mandato constitucional respecto a la consulta previa de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas cuando se trata de proyectos a realizarse en sus territorios colectivos. Para la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la falta de cumplimiento de este derecho es un factor que contribuye al riesgo de extinción de más de la mitad de los pueblos indígenas del país. Sólo en el 2010, 122 indígenas fueron asesinadas.
· Durante este periodo se ha hecho cada vez más evidente que las mal denominadas Bacrim (bandas criminales) están compuestas por muchos de los mismos paramilitares que supuestamente se desmovilizaron en la aplicación de la Ley 975 o que ni siquiera entraron en el proceso. Según últimos informes, existen aproximadamente 7.000 hombres armados distribuidos en 360 municipios de 32 departamentos del país provocando un aumento exponencial de sus acciones armadas. Es importante señalar que estos grupos, que el gobierno quiere mostrar como delincuentes comunes y redes del narcotráfico, están formados al menos en un cincuenta por ciento por mandos medios e importantes jefes paramilitares que nunca se desmovilizaron, y que siguen teniendo vínculos con el poder político y la fuerza pública. Prueba de estos vínculos son los 350 militares retirados por el Ejército por supuesta connivencia con estos grupos, los 888 policías investigados por supuestos nexos o las más de 1.300 denuncias contra jueces y fiscales por supuestas decisiones a favor de estos grupos. Ante las próximas elecciones en octubre, la Comisión de Seguimiento Electoral advirtió que ya se han identificado algunas zonas donde se podrían presentar irregularidades.
· La impunidad de las violaciones a los derechos humanos es inaceptable y son necesarios esfuerzos reales por parte del Estado colombiano para combatirla. A modo de ejemplo, de los más de 50.000 supuestos desmovilizados en el proceso de la ley 975 tan solo existe una condena en firme realizada por la Corte Suprema de Justicia. El panorama de las investigaciones judiciales de casos de ejecuciones extrajudiciales es preocupante por el estado actual de los procesos y los pocos resultados que han ido arrojando con relación al número total de casos reportados hasta la actualidad. A esto se suma el retroceso significativo en 2010 de la colaboración de la Justicia Penal Militar con la Justicia Ordinaria, el vencimiento de términos, la existencia de casos de Militares condenados por graves infracciones al DIH que aún continúan en servicio, y la ausencia de medidas para proteger a familiares de víctimas, testigos, fiscales y jueces. En cuanto a la impunidad en los casos de violencia sexual, en el marco del proceso de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, los paramilitares han confesado un total de 70.780 delitos, de estos, solo 69 hacen referencia a violencia sexual y a la fecha, no hay ninguna sentencia condenatoria frente a este crimen.
Ante la gravedad de estos hechos, queda demostrado que, además de palabras, son necesarios hechos concretos y verdadera voluntad política para avanzar en su erradicación. Por lo tanto, las organizaciones firmantes solicitan a la Comunidad Internacional, y concretamente al Gobierno Español, que presione al Estado Colombiano para que garantice de manera íntegra y efectiva el cumplimento de los derechos humanos, con énfasis en los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad. Así mismo, que se impulse una verdadera política de paz como aporte fundamental a una futura salida negociada al conflicto armado en Colombia.
