Comunicado frente a los hechos violentos en el territorio del Cauca

COMUNICADO DE:

EL CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA CRIC, LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA –ACIN – CXHAB WALA KIWE, LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE NASA CXHAB CALDONO

RECHAZAN EL BRUTAL ATAQUE CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL EN TORIBÍO, CORINTO, JAMBALÓ, CALDONO, MONDOMO Y SIBERIA.

No es la primera vez que nuestros territorios ancestrales son blanco de brutales ataques por parte de los actores armados que operan en la región, como también no es la primera vez que tenemos que recoger a nuestros muertos y llorarlos. Esta ha sido la trágica historia que día a día se repite sin parar por culpa de una guerra que no es nuestra, no la compartimos pero queremos superarla. Es lo que no entienden los señores de la guerra, es lo que no entienden nuestros gobiernos y es lo que no entienden los que se lucran de este jugoso negocio. No obstante de esta trágica realidad seguimos en resistencia acatando el Mandato de los Mayores buscando defender la tierra que nos significa la única posibilidad de pervivencia.
Hechos:
En horas de la mañana del día 9 de julio de 2011, nuevamente la guerrilla de las FARC atacó el casco urbano de Toribio Cauca en pleno día de mercado utilizando una chiva bomba cargada con explosivos de alto poder. Este lamentable hecho causo la muerte a dos civiles cuyos nombres responden a JESUS MUÑOZ, DIEGO PENAGOS y ADÁN UL RIVERA, así mismo resultaron heridos 80 comuneros y comuneras indígenas, además de los civiles muertos y heridos, resultaron 3 policías heridos. Además de las personas afectadas también resultaron destruidas viviendas y establecimientos públicos cuyos daños aun no han sido cuantificados. La magnitud de los impactos de los artefactos explosivos fue tal que genero daños a 400 metros a la redonda. La oportuna reacción de la guardia indígena, las autoridades tradicionales y la comunidad permitió evacuar rápidamente a los heridos y trasladarlos a diferentes sitios hospitalarios de la región.

El anterior hecho de violencia, manifiesta el incremento de la guerra y el irrespeto total del derecho internacional humanitario, los derechos humanos y el derecho a la vida en toda su dimensión por parte de los actores armados. Estos hechos de muerte que suceden de manera reiterativa en nuestros territorios, atentan no solo contra la integridad física de las comunidades, igual afecta nuestros planes de vida, nuestra autonomía y nuestra dignidad como pueblos originarios.
Además de lo sucedido en Toribio, de manera simultánea se presentaron ataques armados en los territorios indígenas de Jámbalo, Corinto, Caldono, Mondomo y Siberia, lo que nos muestra una vez mas que la estrategia político-militar de las FARC va mas allá de luchar contra el Estado colombiano sino enfrentar a la población civil, la organización indígena y los territorios ancestrales.

Teniendo en cuenta la difícil situación; la consejería mayor del CRIC, la consejería zonal del Norte del Cauca, la asociación de cabildos indígenas Nasa Cxhab Caldono y sus autoridades tradicionales, hacemos un reiterado llamado desde el derecho propio a nuestras comunidades a realizar una Minga de Pensamiento para reafirmar caminos para la defensa de nuestro proyecto político organizativo y en especial la defensa de la vida.

Exigimos a las partes en conflicto respetar el Derecho Internacional Humanitario y la búsqueda urgente de acuerdos humanitarios que pongan fin a la guerra que hace victimas a los pueblos indígenas y al conjunto de la sociedad colombiana.

Si el tema de los diálogos en aras de encontrar una salida negociada al conflicto armado no funciona por falta de voluntad política del Gobierno y la insurgencia, convocamos desde el movimiento indígena al pueblo colombiano y la comunidad internacional a trabajar por una solución construida desde la sociedad civil de manera participativa que obligue al cese de la guerra.

Dada la magnitud de los daños materiales ocasionados a los habitantes de la cabecera municipal de Toribio, llamamos al gobierno nacional y la sociedad colombiana a solidarizarse con esta azotada población. Cualquier información hacerla con la Alcaldía municipal, Cabildos indígenas y Proyecto Nasa.

“No habrá paz para los colombianos y colombianas, si no hay paz para los indígenas, no habrá paz para los indígenas si no hay paz para Colombia”

CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA CRIC, ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA -ACIN Y LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE CALDONO –NASA CXHAB

ACTO SOLIDARIO, 20 HORAS PLAZA DEL PARCHIS, XIXON, LUNES 20 DE JUNIO, DIA MUNDIAL DEL REFUGIADO.

En el día de los invisibles

No somos delincuentes huyendo de la justicia, ni turistas buscando emociones fuertes. Somos seis sindicalistas y defensores de los derechos humanos perseguidos a muerte en Colombia y refugiados temporalmente en Gijón, gracias a la solidaridad asturiana.

Algunas personas nos preguntan ¿Pero no es Colombia una democracia? Sí, respondemos. Colombia es una y varias realidades al tiempo: la bella, exótica y tropical, la de una minoría opulenta y una mayoría empobrecida, la que deja pingües ganancias libres de impuestos a las transnacionales y la de millones de seres humanos hambreados y perseguidos. Es una de las democracias más antiguas y peculiares de América: en el siglo pasado sólo tuvimos una dictadura que duró poco, hay elecciones cada cuatro años a pesar del álgido conflicto armado interno y tenemos una constitución política prolija en derechos que nunca se cumplen.

Nuestra paria, tan hermosa como ajena, es el reino de la injusticia social, la corrupción y la impunidad, la ería de la exclusión política y de la violencia como medio para acaparar más tierras, riquezas y poder político en pocas manos.

Nuestra cotidianidad tiene como compañera permanente a la violencia y a la impunidad. En Asturias nos atrevemos a contar pequeñas historias personales para ilustrarlo.

Henry es dirigente campesino y sobrevivió hace un año a un atentado de los paramilitares que llegaron de noche a su casa para matarlo por su activismo en pro de los derechos humanos. Tres disparos le dejaron secuelas graves, pero no pierde su fe en el futuro.

José es un campesino muy joven y es hermano de Alba Nelly, la dirigente comunal que desapareció pocos después meses de haber dado su testimonio ante la Comisión Asturiana que verificaba el estado de los derechos humanos en el Alto Ariari. Nelson, hermano de Alba Nelly y de José, encabezó la afanosa búsqueda por toda la región logrando establecer que ella desapareció en el sitio donde acampaban las tropas del batallón 21 Vargas del ejército nacional. Pero la búsqueda de Alba Nelly se suspendió porque en agosto pasado Nelson fue asesinado en la huerta de su casa, frente a su familia. José no puede reclamar los cuerpos de otros familiares ejecutados por el ejército y botados en la fosa-cementerio de La Macarena.

María está amenazada de muerte y llora de indignación pues comprobó este año que su hermano indigente, asesinado años atrás, en realidad fue víctima de una ejecución extrajudicial del ejército que lo reportó como “N.N. guerrillero dado de baja en combate”.

También están refugiados en Asturias tras recibir serias amenazas de muerte, Gloria, Irma y Fabián. Se oponen a las privatizaciones de la salud y de la educación superior, denuncian la impunidad, la corrupción y el despojo violento de las tierras de los campesinos.

En la calle a veces nos preguntan si la guerrilla también viola los derechos humanos. Sí, respondemos, y rechazamos sus abusos, pero para uno como ciudadano es devastador comprobar en su propia piel o en la de su familia, que es el Estado y sus agentes, obligados a respetar la ley, quienes de modo sistemático e impune y aliados con grupos paramilitares cometen a diario delitos atroces que incrementan el terror que dicen combatir.

No exageramos. La ONU dijo este año que Colombia es uno de los siete países más desiguales del planeta y el segundo del mundo con más refugiados internos, además afirma que en Colombia hay al menos 27 mil personas desaparecidas. No hay un sitio más peligroso que Colombia para ejercer las libertades y derechos sindicales, afirman los sindicatos del mundo desde hace 20 años en las asambleas de la OIT. La Fiscalía General de Colombia afirmó que investiga el asesinato por el ejército nacional de 2.547 personas civiles a las que presentó como muertos en combate. HRW y Amnistía Internacional afirman que el cambio de tono del gobierno de Juan Manuel Santos no incide en la disminución de los abusos. En el último año se incrementaron las masacres, los homicidios en las ciudades colombianas, las amenazas de muerte, la violencia sexual contra mujeres y niñas y la desaparición forzada de personas.

Que en Colombia las cosas mejoraron sólo lo afirman personas interesadas en que nuestra tragedia no se vea, gente que no se juega la vida allá para demostrarlo. Que se lo digan a los seis que estamos en Asturias perseguidos, o a los 3,5 millones de refugiados internos, o a los familiares de los 52 sindicalistas asesinados el año pasado, incluida la familia de nuestro compañero de exilo astur, Henry Ramírez Daza, asesinado hace poco más de un año.

Los refugiados colombianos sabemos que Europa cerró sus fronteras y no quiere recibir refugiados, aunque sigue hablando de derechos humanos, vendiendo armas y haciendo negocios en países con conflicto armado interno, como el nuestro. Lamentable. Y nos damos cuenta de que el conflicto colombiano desapareció de ciertas agendas y medios. Entendible. Para algunos demócratas los negocios siempre son primero que los derechos humanos y ese torvo propósito impone el que las víctimas seamos invisibles.

Para visibilizar la tragedia cotidiana de nuestras gentes y poner de presente la realidad de los perseguidos en el mundo, convocamos a un acto solidario con motivo del día mundial del refugiado, el lunes 20 de junio en el paseo de Begoña de Gijón, a las 20 horas.

Colectivo de Colombianos/as Refugiados/as en Asturias “Luciano Romero Molina”.

300 días de gobierno de Santos: las buenas palabras no frenan la violación de los derechos humanos en Colombia‏

Cientos de organizaciones de España y Europa se adhieren al comunicado de la Plataforma de Justicia por Colombia.

2 de junio de 2011

En contraste con la administración anterior, el nuevo gobierno inició su mandato con un discurso más abierto frente a la situación de derechos humanos en el país, y disminuyó las expresiones públicas de estigmatización hacia la oposición en general y las organizaciones defensoras de derechos humanos en particular. A esta nueva estrategia se la ha denominado el “desarme de la palabra”.

Sin embargo, estos cambios en el discurso público del gobierno no se han traducido hasta el momento ni en una mejor situación de derechos humanos ni una disminución de los altos índices de impunidad frente a las violaciones ya ocurridas. Por el contrario, después de 300 días de gobierno, la situación de los derechos humanos en Colombia sigue siendo muy grave y preocupante, tal como afirman organismos como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos en Colombia (OACNUDH) o Amnistía Internacional.

Para respaldar esta afirmación, se resumen a continuación algunas de las violaciones más graves a los derechos humanos cometidas desde el 7 de agosto 2010, día en que el presidente Juan Manuel Santos tomó posesión del cargo.

· Desde julio de 2010 hasta abril de 2011 se han registrado 206 agresiones individuales contra defensores y defensoras, de los cuales 34 han sido asesinatos. En el mismo periodo, 127 organizaciones sociales o de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo la vida e integridad de sus miembros y obstaculizó la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos.

· En cuanto al proceso de restitución de tierras, durante este periodo han sido asesinados 15 líderes que estaban reclamando sus derechos en poblaciones de Norte de Santander, Antioquia, Valle, Cauca, Nariño, Arauca y Tolima. Ante estos hechos cabe preguntarse cómo será posible aplicar la futura ley de víctimas y restitución de tierras cuando no se puede garantizar la vida de las personas que retornan a sus tierras.

· El drama del desplazamiento forzado en Colombia alcanza cifras exorbitantes independientemente de la fuente que se utilice (desde 3.486.305 a 4.915.579 personas en situación de desplazamiento forzado). Y esta lacra continúa, sólo en el primer trimestre del año se han registrado en Acción Social 36.000 personas como víctimas del desplazamiento forzado y para más tragedia hay que considerar el alto grado de subregistro que ya dictaminó la Corte Constitucional.

· La situación de las víctimas de desaparición forzada es tan grave que ni siquiera a día de hoy se tiene una cifra unificada sobre el alcance real de este crimen. Hasta la fecha, figuran más de 57.200 personas desaparecidas en el Registro Nacional de Desaparecidos, mientras que la Fiscalía conocería más de 26.500 casos de presuntas desapariciones forzadas. De estos casos, 1.130 se produjeron en los últimos 3 años, es decir, un caso cada día. Además, según la OACNUDH, no ha habido progresos en la aplicación de las recomendaciones de Naciones Unidas por parte del Ministerio de Defensa y del Ejército para identificar a las personas desaparecidas y colaborar con la justicia.

· Las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública no han cesado durante este periodo del nuevo gobierno y se han documentado 29 nuevos casos. En cuanto a la investigación de éstos, es preocupante el retroceso significativo en 2010 de la colaboración de la Justicia Penal Militar con la justicia ordinaria en el traslado de casos de “muertos en combate” con signos de violaciones de los derechos humanos.

· A pesar de las presiones internacionales para erradicar la violencia sindical, en medio de las negociaciones de los TLC, y las continuas recomendaciones de instituciones internacionales como OIT y PNUD, el panorama en el país continúa siendo crítico. Desde la posesión de Santos hasta el mes de mayo del 2011 han sido 24 asesinatos contra sindicalistas y se han producido 233 agresiones de las cuales 32 han sido contra mujeres. Durante el 2010 el 30% de las víctimas de homicidio fueron dirigentes sindicales, y en una tercera parte de éstos se trata de casos en los que los presuntos responsables son grupos paramilitares. Finalmente en ese mismo año se registraron al menos 177 violaciones a la vida, la libertad e integridad de las mujeres sindicalistas, esto es, una tercera parte de la violencia total. La CUT interpreta este incremento en las agresiones a sindicalistas como un grave síntoma de reorganización de los grupos paramilitares y su resurgimiento, en la figura de las llamadas bandas criminales. No podemos olvidar que Colombia ha padecido la más grave violencia antisindical que ocurre en el mundo entero; desde 1986 hasta nuestros días 2861 sindicalistas han sido asesinados, se han cometido más de 11000 hechos de violencia contra sindicalistas y con una impunidad de cerca del 90% situación que ha contribuido a que el país viva una situación laboral y sindical extremadamente grave.

· La violencia contra las mujeres sigue siendo un tema secundario en las políticas públicas del país con unos índices de impunidad inaceptables. Según la primera encuesta de prevalencia de la violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia, durante los años 2001-2009, 489.687 mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual. Uno de los casos más dramáticos de violencia sexual ocurrió en Arauca en octubre 2010 cuando se atribuyó a un miembro del Ejército la violación de 2 niñas y posterior asesinato de una de ellas junto a sus hermanos. Ni el Ejército ni la Fiscalía reaccionaron inmediatamente ante las denuncias, lo que pone de manifiesto no sólo la negligente conducta sino fallas estructurales en las dos instituciones. La jueza que llevaba el caso fue asesinada el pasado mes de marzo.

· El gobierno sigue sin cumplir con su mandato constitucional respecto a la consulta previa de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas cuando se trata de proyectos a realizarse en sus territorios colectivos. Para la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la falta de cumplimiento de este derecho es un factor que contribuye al riesgo de extinción de más de la mitad de los pueblos indígenas del país. Sólo en el 2010, 122 indígenas fueron asesinadas.

· Durante este periodo se ha hecho cada vez más evidente que las mal denominadas Bacrim (bandas criminales) están compuestas por muchos de los mismos paramilitares que supuestamente se desmovilizaron en la aplicación de la Ley 975 o que ni siquiera entraron en el proceso. Según últimos informes, existen aproximadamente 7.000 hombres armados distribuidos en 360 municipios de 32 departamentos del país provocando un aumento exponencial de sus acciones armadas. Es importante señalar que estos grupos, que el gobierno quiere mostrar como delincuentes comunes y redes del narcotráfico, están formados al menos en un cincuenta por ciento por mandos medios e importantes jefes paramilitares que nunca se desmovilizaron, y que siguen teniendo vínculos con el poder político y la fuerza pública. Prueba de estos vínculos son los 350 militares retirados por el Ejército por supuesta connivencia con estos grupos, los 888 policías investigados por supuestos nexos o las más de 1.300 denuncias contra jueces y fiscales por supuestas decisiones a favor de estos grupos. Ante las próximas elecciones en octubre, la Comisión de Seguimiento Electoral advirtió que ya se han identificado algunas zonas donde se podrían presentar irregularidades.

· La impunidad de las violaciones a los derechos humanos es inaceptable y son necesarios esfuerzos reales por parte del Estado colombiano para combatirla. A modo de ejemplo, de los más de 50.000 supuestos desmovilizados en el proceso de la ley 975 tan solo existe una condena en firme realizada por la Corte Suprema de Justicia. El panorama de las investigaciones judiciales de casos de ejecuciones extrajudiciales es preocupante por el estado actual de los procesos y los pocos resultados que han ido arrojando con relación al número total de casos reportados hasta la actualidad. A esto se suma el retroceso significativo en 2010 de la colaboración de la Justicia Penal Militar con la Justicia Ordinaria, el vencimiento de términos, la existencia de casos de Militares condenados por graves infracciones al DIH que aún continúan en servicio, y la ausencia de medidas para proteger a familiares de víctimas, testigos, fiscales y jueces. En cuanto a la impunidad en los casos de violencia sexual, en el marco del proceso de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, los paramilitares han confesado un total de 70.780 delitos, de estos, solo 69 hacen referencia a violencia sexual y a la fecha, no hay ninguna sentencia condenatoria frente a este crimen.

Ante la gravedad de estos hechos, queda demostrado que, además de palabras, son necesarios hechos concretos y verdadera voluntad política para avanzar en su erradicación. Por lo tanto, las organizaciones firmantes solicitan a la Comunidad Internacional, y concretamente al Gobierno Español, que presione al Estado Colombiano para que garantice de manera íntegra y efectiva el cumplimento de los derechos humanos, con énfasis en los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad. Así mismo, que se impulse una verdadera política de paz como aporte fundamental a una futura salida negociada al conflicto armado en Colombia.

En la red el documental Defensora, dedicado a Berenice Celeyta, activista de derechos humanos en Colombia‏

Berenice Celeyta viene denunciando, desde hace más de dos décadas, las continuas violaciones de los Derechos Humanos que se sufren en Colombia, esencialmente por parte de grupos armados paramilitares. En 1998 recibió el Premio Robert F. Kennedy de los Derechos Humanos y un año después fundó en la ciudad de Cali la Asociación para la Investigación y la Acción Social ‘Nomadesc’, de la que es presidenta.

Debido a su compromiso social y a su constante labor de denuncia, Berenice ha recibido numerosas amenazas de muerte y ha sido objeto tanto de interceptaciones de llamadas telefónicas como de seguimientos por personas desconocidas, al parecer relacionados con el trabajo que la activista mantiene con dirigentes sociales y sindicales del Valle del Cauca.

Pero sin duda el hecho más grave al que ha tenido que enfrentarse Berenice es el plan criminal que se conoció en agosto de 2004, la ‘Operación Dragón’, orquestado desde las propias filas del Ejército Nacional Colombiano y que pretendía recolectar información sobre diferentes representantes políticos, sindicales y líderes de movimientos de Derechos Humanos con la supuesta intención de asesinarlos.

MÁS INFORMACIÓN:

Asociación Paz con Dignidad
Gran Vía, 40 - 5º - of. 2. Madrid, 28013
Tel.: 91.523.38.24
E-mail: pazcondignidad@pazcondignidad